El Grupo Municipal Socialista  ha presentado una moción,  para su debate y aprobación en el próximo Pleno, en la que pide al equipo de gobierno que realice las gestiones necesarias para mantener el  juzgado  de paz en la ciudad, a la vez que se reconoce su contribución a la paz social y a la buena convivencia vecinal que han ejercido estos juzgados en la sociedad de cualquier municipio.

El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto articulado de la  Ley de Demarcación y Planta  Judicial, elaborada por la Comisión Institucional a quien se la encomendó su redacción. Plantea lisa y llanamente, entre otras cuestiones, la supresión de los partidos judiciales de Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitigudino, la creación de los Tribunales de Instancia con “sede oficial en la capital de la provincia” y la eliminación de todos los Juzgados de Paz.

A pesar de las declaraciones del Ministro de Justicia en el sentido de que “no va a desaparecer ninguna sede judicial en España, lo cierto es que ello puede tener un mero aspecto formal, pero en la realidad se corre el riesgo de vaciar de contenido a las sedes judiciales de la mayoría de los partidos judiciales de la provincia, donde, como mucho, se dejará unos pocos funcionarios para labores meramente de trámite. Los ciudadanos de estas comarcas tendrán que desplazarse forzosamente a la capital para las celebraciones de  juicios o para la realización de la mayoría de los trámites judiciales.

Asimismo la supresión de los Juzgados de Paz supone la eliminación de un elemento  conciliador  en  los  municipios.  En  multitud  de  ocasiones  los jueces  de  paz,  gracias  a  su  “autoridad  moral”,    evitan  controversias judiciales entre los vecinos, evitando que toda una serie de cuestiones se puedan dirimir en el juzgado de paz, logrando que muchos enfrentamientos no lleguen a los juzgados, evitando tramites y quitando carga de trabajos a los juzgados de primera instancia. De la misma manera se realizan una serie  de  trámites  y  notificaciones   judiciales   que  permiten   que   los ciudadanos de Santa Marta los puedan realizar en la ciudad sin tener que desplazarse a Salamanca.

Los argumentos que se esgrimen en el anteproyecto de ley para justificar esta reforma, como que “responde a criterios    fundamentalmente organizativos y de asignación racional de recursos” “mejora sustancial  en la  propia  distribución  de  las  cargas  de  trabajo”  “la  optimización  del régimen de sustituciones de jueces” “la economía de escala” etc., es decir criterios meramente economicistas, cuando desde el Grupo Municipal Socialista se considera  que lo fundamental debe de ser el mantenimiento de servicios públicos   que son necesarios para la buena convivencia de todos los ciudadanos.